El derecho a la defensa y la justicia para todas y todos en Sonora

El acceso a la justicia es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática. En Sonora, como en todo el país, el derecho a la defensa es una garantía constitucional que protege a cada persona frente al poder del Estado, asegurando que ninguna acusación se convierta en una condena sin un proceso justo. Sin embargo, este derecho enfrenta desafíos que nos obligan a reflexionar sobre la realidad de nuestro sistema judicial y el compromiso que tenemos como sociedad para fortalecerlo.

El derecho a la defensa: más que una formalidad, una necesidad

Toda persona, sin importar su condición económica, social o política, tiene el derecho de contar con una defensa adecuada. Este principio no solo busca equilibrar la balanza de la justicia, sino evitar que alguien sea privado de su libertad o de sus derechos sin la posibilidad de presentar pruebas, argumentar su inocencia o recibir un juicio justo.

Sin embargo, en la práctica, el acceso a una defensa de calidad no siempre está garantizado. Quienes pueden pagar abogados particulares tienen más herramientas para enfrentar un proceso judicial, mientras que aquellas personas que dependen de la defensoría pública enfrentan retos como la saturación de casos y la falta de recursos. Esto genera una desigualdad estructural en el acceso a la justicia, donde la capacidad de defensa muchas veces depende más de las condiciones económicas que de los hechos del caso.

Justicia para todas y todos: un reto pendiente

El sistema de justicia en Sonora ha avanzado en su proceso de modernización, pero aún hay deudas pendientes. Casos de personas detenidas sin una adecuada defensa, procesos largos y burocráticos, y sentencias que tardan años en resolverse nos recuerdan que la justicia no siempre es accesible para todas y todos por igual.

Además, es importante reconocer que la justicia no solo debe atender a quienes enfrentan procesos penales, sino también a las víctimas. Muchas personas que han sido afectadas por un delito enfrentan barreras para acceder a la reparación del daño, a la protección adecuada o a la atención psicológica y legal que necesitan. Esto nos lleva a una pregunta central: ¿cómo aseguramos que la justicia sea realmente equitativa?

El papel de la sociedad y las instituciones

Garantizar una justicia accesible no es solo tarea del Poder Judicial. Es un compromiso colectivo que involucra a las instituciones, a los abogados, a la ciudadanía y a los legisladores. Se requiere una defensoría pública fortalecida, jueces y fiscales con perspectiva de derechos humanos, y un sistema judicial que funcione con eficiencia y transparencia.

Pero también se necesita una sociedad informada. Conocer nuestros derechos y exigir su cumplimiento es una forma de fortalecer la justicia. La educación legal, el acceso a la información y la denuncia de irregularidades son herramientas esenciales para construir un sistema más equitativo.

Una justicia para todas y todos

El derecho a la defensa y a la justicia no puede ser un privilegio de unos cuantos. Sonora debe avanzar hacia un modelo en el que ninguna persona quede desprotegida frente al poder judicial, en el que las víctimas sean escuchadas y en el que la justicia no dependa del nivel económico, sino de la verdad y la legalidad.

Solo con un compromiso real de todos los sectores podremos construir un sistema donde la justicia sea un derecho efectivo y no solo una aspiración. La justicia no debe ser un privilegio, sino una garantía para todas y todos.