Prisión preventiva y medidas cautelares en Sonora: entre la justicia y los derechos humanos

Por Pavel Nuñez

En el ejercicio de la justicia penal, la aplicación de la prisión preventiva y las medidas cautelares representa uno de los temas más complejos y debatidos en el derecho procesal moderno. En Sonora, como en el resto del país, el dilema entre garantizar la seguridad pública y respetar los derechos fundamentales de los imputados nos obliga a una reflexión profunda sobre la correcta aplicación de estas figuras jurídicas.

La prisión preventiva, concebida como una medida excepcional, ha sido utilizada de manera excesiva en nuestro sistema judicial. A pesar de los avances con el sistema penal acusatorio, en la práctica seguimos enfrentando una cultura de arraigo en el uso de la prisión preventiva oficiosa, lo que ha generado una sobrepoblación carcelaria y el riesgo de que personas inocentes permanezcan en prisión durante años sin una sentencia condenatoria.

El abuso de la prisión preventiva: un problema estructural

Uno de los principales retos en Sonora es el abuso de la prisión preventiva en delitos que, si bien pueden ser graves, no justifican automáticamente la privación de la libertad antes de una condena firme. La reforma constitucional de 2019 amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, lo que ha restringido la facultad de los jueces para analizar caso por caso y determinar si realmente es necesario que el imputado permanezca en prisión.

Esto no solo va en contra del principio de presunción de inocencia, sino que también impacta directamente a sectores vulnerables de la población, quienes, por falta de recursos o asesoría legal adecuada, terminan en prisión mientras esperan un juicio que podría demostrar su inocencia.

Medidas cautelares: una alternativa necesaria

En contraposición, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece diversas medidas cautelares alternativas, como el uso de brazaletes electrónicos, la firma periódica ante la autoridad, el resguardo domiciliario o la prohibición de salir del país. Sin embargo, en Sonora su aplicación sigue siendo limitada, principalmente por la falta de infraestructura y recursos para su correcta implementación.

El reto de nuestro sistema judicial es transitar hacia un uso más racional y proporcional de las medidas cautelares. La prisión preventiva debe reservarse únicamente para aquellos casos donde exista un riesgo real y fundado de fuga, peligro para las víctimas o amenazas a la sociedad. De lo contrario, estaríamos utilizando la privación de la libertad como una pena anticipada, en contravención de principios constitucionales y de tratados internacionales suscritos por México.

Hacia una justicia más equitativa

El debate sobre la prisión preventiva debe centrarse en la construcción de un sistema penal más equitativo y eficiente. En Sonora, es fundamental fortalecer la capacitación de jueces y fiscales para que evalúen con criterios objetivos la necesidad de aplicar la prisión preventiva y promuevan el uso de medidas cautelares alternativas cuando sea posible. Asimismo, se requiere una inversión en tecnología y monitoreo para garantizar que dichas medidas sean efectivas sin comprometer la seguridad pública.

No podemos seguir perpetuando una justicia que castiga con prisión a quienes aún no han sido declarados culpables. La verdadera transformación del sistema judicial sonorense radica en encontrar un equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Solo así podremos consolidar un modelo de justicia que sea realmente eficaz, garantista y acorde con los principios del Estado de derecho.